La Comisión Europea propone una nueva Directiva sobre Precios de Transferencia

La Comisión Europea propone una nueva Directiva sobre Precios de Transferencia

El pasado 12 de septiembre la Comisión Europea publicó una «Propuesta de Directiva del Consejo sobre precios de transferencia» para armonizar las normas intracomunitarias. De adoptarse en su forma propuesta, las nuevas normas se implementarían para el 31 de diciembre de 2025 y serían aplicables a partir del 1 de enero de 2026.

Para garantizar que las operaciones vinculadas se realicen en condiciones de mercado, el artículo 9 del Modelo Convenio de la OCDE determina que éstas deben valorarse igual que las transacciones comparables con partes no vinculadas (principio de plena competencia o “arm’s length principle”). Este principio se desarrolla en las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias. Estas Directrices detallan los métodos a utilizar para calcular el precio de plena competencia.

Independientemente de la existencia de un compromiso político para aplicar las Directrices de la OCDE, la situación de este instrumento no vinculante y su aplicación real difieren actualmente entre los Estados miembros. La falta de armonización de las distintas normativas domésticas de los Estados Miembros de la Unión Europea supone un incremento en los costes de cumplimiento para las empresas y un riesgo de doble imposición.

Por ello, la Comisión pretende armonizar las normas de los Estados miembros en materia de precios de transferencia y garantizar una aplicación común y uniforme del principio de plena competencia en toda la UE. El objetivo general de la propuesta es aumentar la seguridad fiscal de los grupos de empresas multinacionales dentro de la UE, mitigar el riesgo de litigios de precios de transferencia y los riesgos de doble imposición. La Comisión considera que esta propuesta también reduciría las posibilidades de que los grupos de empresas multinacionales lleven a cabo prácticas de «planificación fiscal agresiva» mediante el uso de los precios de transferencia.

La propuesta incorporaría al marco jurídico de la UE el principio de plena competencia y las principales normas sobre precios de transferencia. Con ello se pretende aclarar el papel y la situación de las Directrices de la OCDE en toda la UE y se crearía la posibilidad de establecer normas comunes vinculantes sobre aspectos concretos de los precios de transferencia mediante su posterior transposición a los derechos nacionales.

La directiva propuesta se aplicaría a todas las empresas residentes en un Estado miembro, así como a los establecimientos permanentes situados en la UE. Según las propuestas, en el caso de una transacción transfronteriza con una «empresa vinculada», la entidad de la UE estaría obligada a determinar el importe de sus beneficios imponibles de forma coherente con el principio de plena competencia.  La Propuesta de Directiva asume que deben ser objeto de regulación aspectos no previstos por las Directrices como serían el concepto de entidad vinculada o el procedimiento para efectuar el ajuste correlativo.

En cuanto al concepto de entidad vinculada, la Propuesta de Directiva establece un umbral de vinculación por participación del 25%, como ocurre en España, pero no en otros países. En cuanto al ajuste correlativo, se establece un procedimiento simplificado para agilizar la respuesta al contribuyente, aunque su diseño permite a los Estados miembros mantener discrepancias en cuanto al ajuste primario y tener que acudir a los procedimientos vigentes en la actualidad.

Además de estas normas más generales, la directiva incluye disposiciones sobre el análisis de comparabilidad, la determinación del rango de plena competencia y la documentación de los precios de transferencia.

Por otro lado, en tanto que las Directrices no son normas jurídicas articuladas, se han incluido algunos preceptos en la propuesta de Directiva que se refieren a los aspectos más relevantes. Así encontramos desde la delineación de las operaciones vinculadas y la selección y aplicación del método de valoración más apropiado a temas más particulares como el ajuste a la mediana en caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango intercuartílico.

Diversos factores políticos y económicos podrían influir en la posible adopción de la propuesta de directiva sobre precios de transferencia, como las próximas elecciones europeas, las necesidades de ingresos fiscales de los distintos Estados miembros, los riesgos e incertidumbres actuales que influyen en la economía de la UE en su conjunto y el impulso de crecimiento de la UE.