Inspecciones fiscales de operaciones vinculadas y precios de transferencia

Inspecciones fiscales de operaciones vinculadas y precios de transferencia

La Agencia Tributaria lleva tiempo revisando especialmente las operaciones vinculadas de los grupos empresariales tanto nacionales como internacionales, así como las de las Sociedades Profesionales. Se entiende por operaciones vinculadas todas aquellas operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, según se definen en el artículo 18 del Impuesto de Sociedades.

En relación con las operaciones entre empresas que forman parte del mismo grupo empresarial, las obligaciones afectan aquellas en las que una empresa posee de modo directo o indirecto al menos el 25% de las participaciones de otra. Lo que la administración trata de vigilar en estos casos es que los precios pactados (o precios de transferencia) entre estas empresas vinculadas se ajusten a las condiciones de mercado que se acordarían entre partes independientes sin vinculación alguna, para que así no exista trasvase de bases imponibles.

Si bien en el pasado la Agencia Tributaria analizaba con lupa sólo las operaciones intragrupo de grandes grupos multinacionales, especialmente aquéllas de carácter internacional, recientemente se ha incrementado también la vigilancia sobre grupos familiares de menor tamaño y que operan en parte a nivel internacional, pero no exclusivamente.  Así, por ejemplo, se vigilan especialmente las reestructuraciones empresariales; las cesiones de activos intangibles; los pagos por cánones y royalties por servicios intragrupo; las operaciones financieras. Con especial atención en el caso de existencia de pérdidas constantes en empresas multinacionales.

En su política de precios de transferencia las empresas a veces actúan de manera reactiva y únicamente para cumplir sus obligaciones formales, como es la presentación del modelo 232 o la redacción del local file. Pero realmente resulta imprescindible definir un buen esquema de precios de transferencia que tenga en cuenta los activos que se emplean y que es necesario retribuir en la cadena de valor, así como los riesgos derivados de la actividad y las funciones que se desempeñan. Sólo así es posible diseñar una política de precios de transferencia que recoja de manera coherente el valor de las operaciones vinculadas y que permita documentarlas de manera que evite problemas ante una eventual inspección por parte de la Agencia Tributaria.

En operaciones exclusivamente vinculadas a la compra-venta de mercancías, establecer una valoración del coste de la mercancía, los márgenes comerciales, la remuneración de activos, riesgos o funciones es menos complejo, ya que es más sencillo realizar un análisis de comparabilidad con operaciones análogas realizadas con partes independientes. Pero en el caso de operaciones de transmisión de activos de carácter intangible, o de royalties, es difícil encontrar operaciones independientes comparables y se hace más complicado determinar el valor de mercado.

En relación con la valoración de Operaciones Vinculadas y Precios de Transferencia en Sociedades Profesionales, con una jurisprudencia ya amplia, la Inspección Tributaria ha desarrollado el concepto legal indeterminado de “Servicio Personalísimo”, que establece que la aportación de un determinado socio o socios profesionales es tan fundamental, que el mejor precio comparable es el que la sociedad o entidad factura a sus clientes. Esta metodología de la Inspección Tributaria en la práctica implica que el beneficio de sociedades que se dediquen a la prestación de servicios profesionales o similares es imputado básicamente a los socios o personas físicas que supuestamente realizan este servicio personalísimo.

En cuanto a la defensa del contribuyente ante una inspección tributaria respecto a las valoraciones acordadas entre partes vinculadas es posible, en determinados casos, instar una tasación pericial contradictoria. Este aspecto puede resultar clave por varias razones: Se puede lograr la suspensión de la deuda tributaria en caso de reclamación económico-administrativa o recurso ante los tribunales de Justicia o en el caso de actas de inspección sin acuerdo, instar la tasación contradictoria si se entiende la valoración de la Administración Tributaria como desproporcionada o se tienen serias dudas sobre la metodología de valoración empleada.