El pasado 19 de febrero entró en vigor el desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de medidas de prevención del fraude fiscal, en lo referente a las obligaciones de documentar las transacciones efectuadas entre partes y empresas vinculadas con el fin de probar que se han realizado a precios de mercado. Esta nueva obligación, ineludible si no se quiere asumir el riesgo de enfrentarse a las elevadas sanciones previstas en la norma, implicará para las empresas un sobreesfuerzo, no sólo porque sus departamentos financieros deberán recabar información exhaustiva sobre cuestiones que hasta ahora quedaban alejadas de su interés más mediato, sino sobre todo porque deberán incurrir en costes extraordinarios que, en muchos casos y dada la actual coyuntura económica, no podrán asumir.
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