“Profunda decepción y frustración ante el parche que el Gobierno ha puesto” siente Juan Carlos López-Hermoso, presidente de Aedaf. Éste compromiso le parece  “muy escaso, una oportunidad perdida de reformar el régimen”.

Considera que estos anuncios son una “operación de imagen” para aparentar que el Gobierno se preocupa por las pymes. “El futuro decreto sobre vinculadas no va a reformar el régimen sancionador, ni el ajuste secundario, ni el perímetro de vinculación”

Álvaro Beñarán, asociado senior de Ernst & Young Abogados, entiende que “el RD es insuficiente y su aplicación tiene limitaciones. Primero, porque es sólo para pymes. Y segundo, porque es para un total de operaciones inferior a 100.000 euros, ya que lo habitual es que pasen siempre ese umbral”. De esta forma, el único caso para el que se le ocurre que sea aplicable es para “pymes en la relación de los administradores o consejeros con su sociedad, cuando la pyme no realice otras operaciones vinculadas

Beñarán reconoce que “la Disposición Adicional del RD parece que abre el melón para la reforma del marco”, pero recuerda que “la vía del Decreto limita mucho. Ciñéndose al ámbito reglamentario, sólo puede reformarse el Reglamento de la LIS, que atañe a la Documentación, pero no el artículo 16, por lo que se mantendrá el régimen sancionador”. Además, Beñarán lamenta que no se aclare “qué ocurre con las cuatro Haciendas forales

Por último, cree conveniente “limitar la facultad de requerir la documentación a los órganos de Inspección y en el curso de un procedimiento de comprobación, lo que preocupa a las empresas, por lo que se podría aprovechar la reforma para concretar este punto en el artículo 18 del RIS”.

Javier González Carcedo, socio responsable de Precios de Transferencia en Landwell-PwC, cree que “la reforma es muy limitada y puede ser malentendida porque los contribuyentes exonerados siguen teniendo la obligación de valorar a mercado y podrían ser sancionados según el régimen general”. Más relevancia concede a la reforma de las obligaciones en materia de operaciones domésticas en la medida que contribuya a exigir documentación sólo donde exista riesgo fiscal. En todo caso, cree que “la principal reforma pendiente es la equiparación del umbral de vinculación

Montse Trapé, socia del Área de Precios de Transferencia de KPMG Abogados, sugiere que se aplique “una mínima modificación en el régimen sancionador cuando no hay exclusión de la obligación introduciendo un límite máximo de sanción del 1% del importe de operaciones vinculadas o del 10% del volumen total”.

A Trapé le parece una reforma “de mínimo alcance e, incluso, hasta cierto punto, con un elevado grado de improvisación”. Lamenta que no se explicite si el límite de 100.000€ euros incluye o no las operaciones realizadas entre entidades que consolidan fiscalmente. Pero le parece “esencial determinar cuál es el riesgo fiscal en juego que ha quedado exonerado de documentar”. Sin embargo, Trapé opina que “queda una esperanza. Es el compromiso de presentar una reforma más profunda. Esperemos que escuchen a los agentes económicos”.

Ignacio Longarte y Juan Ignacio de Molina, socios del área de Precios de Transferencia de Deloitte, creen que “la reforma tiene sentido, en otras jurisdicciones se buscan fórmulas parecidas”. Aunque reconocen que “no queda claro a qué se refieren los 100.000 euros”. A juicio de Logarte y De Molina, “no hay soluciones fáciles. No quieren excluir a las pymes en la lucha contra el fraude, aunque nos alejamos del concepto de pyme europea”. No saben “hasta qué punto la Administración está predispuesta a perder el control”. Y le sugieren que saque “unas guías adicionales que orienten a las empresas”.

Francisco de la Torre, secretario general de los Inspectores de Hacienda, señala que “cuando los asesores fiscales abogan por la modificación de un régimen, que parece una fuente de facturación, es que no es razonable”. Y cree “un acierto” de los pactos de Zurbano que hayan incluido la modificación del régimen

Ramón López de Haro, socio director del Área de Precios de Transferencia de Garrigues, dibuja un panorama futuro en el que las operaciones vinculadas serán “fuente de conflicto y litigios entre accionistas minoritarios y la matriz, como ocurre en EEUU. Además, este marco también “ofrecerá oportunidades fiscales para ganar competitividad”, concluye.

Fuente: Expansión (ver noticia completa)