El anuncio de la simplificación por parte del Gobierno de las obligaciones de documentación para pymes constituye una magnífica noticia para las pequeñas y medianas empresas. Aún no se conoce el alcance de la mencionada simplificación que se recogerá en el Real Decreto que se aprobará el próximo día 30 de marzo. No obstante, supondrá atenuar o, incluso, quizás suprimir el coste implícito en la elaboración de la compleja documentación exigida por la normativa actualmente vigente.
Pero, además, la noticia es tanto mejor celebrada cuanto que a las obligaciones de documentación se ligaba un régimen sancionador de una severidad sin precedentes, que desde siempre hemos criticado por desproporcionado e injusto. Confiamos en que las pymes queden liberadas de la amenaza de semejante panorama sancionador, que ha sido calificado desde todos los ámbitos profesionales del Derecho tributario como un auténtico disparate. En efecto, la normativa en vigor permitía resultados tan absurdos como el que, si una empresa vendía a un pariente de los socios algún bien, como por ejemplo, un par de zapatos, un libro o un kilo de manzanas, tenía que elaborar una documentación justificativa del valor de mercado so pena de incurrir en unas sanciones que podían rebasar los 30.000 euros por cada una de las operaciones como la aludida.
El régimen normativo de las operaciones vinculadas tiene su verdadero sentido en el ámbito de las operaciones internacionales, en los que el Gobierno debe evitar la erosión de bases imponibles a través de pactos en los que, vía precios de transferencia, se escape la tributación hacia otras soberanías fiscales. A lo sumo, en las operaciones internas, este régimen no tendría que afectar a las empresas de reducida dimensión, puesto que el supuesto déficit o diferimiento de la tributación a causa de las operaciones vinculadas de estas empresas no justifica, en términos de proporcionalidad, una normativa de control tan férreo cuya aplicación por las pymes acarrée más costes que beneficios.
Brindamos, pues, por la anunciada simplificación y confiamos en que la normativa entre, por fin, en el cauce de lo razonable
Fair Value
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